El Gobierno de Keiko Fujimori puso en marcha un grupo de trabajo que tendrá como tarea evaluar las normas relacionadas con la criminalidad aprobadas durante el anterior Congreso y plantear cambios que permitan fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 311-2026-JUS y contempla una revisión de las modificaciones legales vinculadas con la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos.
La comisión estará encabezada por el viceministro de Justicia y contará con la participación del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el director general de Asuntos Criminológicos.
Entre sus principales responsabilidades estará analizar de manera integral las normas que han generado cuestionamientos por su posible impacto en la lucha contra la delincuencia. Para esta tarea, el grupo podrá recoger opiniones de instituciones públicas y privadas, especialistas, representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil.
Además, la comisión tendrá facultades para plantear nuevos proyectos de ley o modificaciones legislativas que considere necesarias para mejorar las herramientas del Estado frente al crimen.
El grupo deberá reportar semanalmente sus avances al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, mientras que también podrá convocar a expertos y profesionales para incorporar sus aportes durante el proceso de evaluación.
Con esta medida, el Ejecutivo busca revisar el marco legal vigente y determinar qué modificaciones podrían contribuir a una respuesta más efectiva frente a la criminalidad.
