ONPE supervisará destino que tendrán los recursos públicos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) empezó hoy a reunirse con miembros de los seis partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso de la República gracias a la votación obtenida en las Elecciones Generales 2026, para brindarles información sobre el uso adecuado del financiamiento público directo que recibirán a lo largo del quinquenio iniciado el pasado 27 de julio.
Este lunes, especialistas de la ONPE orientaron a representantes del Partido Cívico Obras y harán lo mismo con Ahora Nación el martes 25 y con el Partido del Buen Gobierno el miércoles 26. Las reuniones con Fuerza Popular y Renovación Popular han sido programadas para el jueves 27 y la sesión con Juntos por el Perú se llevará a cabo el viernes 28.
El financiamiento público directo es un beneficio otorgado por el Estado a las organizaciones políticas desde el año 2017 –mediante transferencias bancarias mensuales– con el propósito de fortalecerlas.
Por esa razón, hasta el 50 % de los fondos recibidos deben servir para solventar gastos por funcionamiento ordinario, y no menos del 50 %, para financiar actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas. La legislación también busca que el financiamiento público directo fomente la participación de las mujeres en la vida partidaria.
Cálculo del financiamiento público directo
El total de los fondos que otorgará el Estado como financiamiento público directo resulta de multiplicar el número de votos emitidos para elegir a senadores y diputados por el 0.1 % de la unidad impositiva tributaria (UIT), que para el año en curso ha sido fijada en S/ 5500. La suma total será distribuida entre los seis partidos entre el 27 de julio del 2026 y el 26 de julio del 2031.
La manera como será distribuida responde a dos criterios: un 40 % se otorgará por igual a los seis partidos políticos, y un 60 % se repartirá en forma proporcional a los votos obtenidos. Próximamente, la ONPE emitirá una resolución que precisará las cifras que le corresponderá a cada una de las organizaciones políticas beneficiadas.
