La reciente designación de María Elisa Castillo Aguirre como jefa del Área de Administración de la UGEL Huarmey ha generado críticas y preocupación entre diversos sectores, incluidos docentes cesantes, jubilados y especialistas en educación. Un pronunciamiento difundido el 22 de octubre de 2026 expresa su rechazo a la decisión y plantea cuestionamientos sobre la gestión que la funcionaria desempeñó anteriormente, desde el 12 de marzo hasta su renuncia, el 14 de agosto de este año. Los presuntos perjuicios atribuidos a esa etapa deberán ser contrastados con documentación oficial.
La resolución emitida por el Gobierno Regional de Áncash sustenta su designación al considerar que cumple con los requisitos para ocupar el puesto. No obstante, la decisión ha reavivado el debate sobre los criterios aplicados en el proceso y la necesidad de transparentar los antecedentes de su desempeño. También se han formulado cuestionamientos sobre posibles vínculos con el entorno del gobernador regional y eventuales situaciones de favorecimiento, aspectos que requieren pruebas y verificación por las instancias correspondientes. Asimismo, se menciona su vínculo conyugal con Saúl García Blas, exfuncionario de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash.
Ante este escenario, los sectores críticos solicitan que las autoridades competentes hagan públicos los documentos que sustentaron la designación, así como los criterios de evaluación y selección utilizados. La difusión de esta información permitiría conocer los fundamentos de la decisión y determinar si el procedimiento se ajustó a las normas vigentes.
De identificarse indicios documentados de irregularidades, corresponderá ponerlos en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, según sus competencias, para las investigaciones respectivas. El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar que el acceso a cargos públicos responda a criterios objetivos, mérito y transparencia.
